El Plan Colombia, en marzo de 2000, no tenía como objetivo atacar y vencer a las guerrillas marxistas.
Ese plan fue diseñado para luchar contra el tráfico de drogas. La línea del plan Colombia, respecto de las FARC y el ELN, era muy preciso: “hacer la paz con las guerrillas izquierdistas”. Esa era la línea que el gobierno de Bill Clinton había trazado para el Plan Colombia. El iniciador de ese plan, el presidente Andrés Pastrana, aceptó ese esquema y éste no cambió en las versiones que adoptó a los largo de esos años.
La idea de que el senador Joe Biden es “un convencido de la lucha contra el terrorismo” y de que él “se dio cuenta de que el Plan Colombia era la única salida a una guerrilla penetrada por el narcotráfico” (1) es imprecisa y equívoca. Esa “salida” consistía en ceder ante la guerrilla en una “negociación de paz” como la que Pastrana impulsó desde octubre de 1999, con ayuda de Clinton y durante tres años, lo que condujo al reforzamiento de la narco-guerrilla.
El presidente Clinton se empeñaba en no ver que las guerrillas marxistas colombianas eran el principal enemigo de la democracia. Estas estaban ya metidas hasta el cuello en el narcotráfico y dirigían esa actividad en varias regiones de Colombia, pero no debían ser desmanteladas, según Washington. Las FARC y el ELN, empero, no querían sólo traficar con drogas sino derrotar al Estado, tomarse el poder y destruir el sistema democrático.
La Casa Blanca de esa época, bajo orientación demócrata, deslindaba, por puras razones ideológicas, esos dos campos inextricables. Su línea progresista era: para los narcos y paramilitares de extrema derecha, la guerra, y para la subversión narco-comunista, una “salida negociada”.
Colombia duró mucho tiempo escandalizada por el hecho de que los helicópteros de combate que el Pentágono daría a las Fuerzas Armadas de Colombia, como resultado del Plan Colombia, no podrían ser utilizados para atacar a las FARC ni al ELN. Hacerlo podría llevar a la suspensión del Plan Colombia.
Esa era la línea que Joe Biden defendía sobre el Plan Colombia. “Quiero ser enfático en que las armadas del mundo y en especial las americanas deben trabajar hombro a hombro para atajar el narcotráfico y cerrarle el paso a sus nefastas consecuencias”, reiteró Andrés Pastrana en su discurso ante la Conferencia Naval Interamericana en Cartagena, el 27 de marzo de 2000. No dijo allí nada sobre “atajar” la subversión armada.
Esa orientación de lucha, exclusiva “contra el narcotráfico”, no cambió en ninguna de las cuatro versiones del Plan Colombia redactadas a lo largo de ese periodo.
En enero de 2000, el gobierno de Pastrana había suspendido las órdenes de captura contra seis jefes de las FARC y organizado para ellos un viaje de estudios a Europa para que esos criminales, con los que estaba en “diálogos” de paz, “recogieran experiencias sobre el desarrollo económico y social que puedan ser aplicadas en el país”, según declaró en esos días, a la agencia AFP, Guillermo Fernández de Soto, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia.
Así, Raúl Reyes, Iván Ríos, Simón Trinidad, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez y Felipe Rincón, partieron ese 2 de febrero de 2000, bien encorbatados y con pasaportes nuevos, en avión hacia Oslo, en compañía de Victor Ricardo, Comisionado de Paz del gobierno. Esa gente visitó cinco o seis países y realizaron una conferencia de prensa en París, el 24 de febrero de 2000, antes de regresar a Bogotá. Todo pagado por Colombia y por el Plan Colombia.
Tal era el espíritu que reinaba en esos momentos.
El “zar antidrogas” de Estados Unidos, Barry McCaffrey, nombrado por Clinton, durante su visita a Bogotá, a finales de febrero de 2000, dijo que “la estrategia integral” del Plan Colombia era “luchar contra las drogas, hacer la paz con las guerrillas izquierdistas y reactivar la economía”.
El general Charles Wilhem, jefe del Comando Sur, y el congresista americano John Murtha, le confirmaron el 17 de mayo al presidente Pastrana, en entrevista oficial en la Casa de Nariño, que Washington aportaría 1.300 millones de dólares de los 7 500 millones de dólares que comportaba el Plan Colombia (Colombia aportaría 4 000 millones de dólares a ese plan) para “luchar contra el narcotráfico, impulsar el proceso de paz con las guerrillas, promover el desarrollo social y reactivar la economía”.
La víspera, las FARC habían dado un paso más en la escalada de barbarie: asesinaron a doña Elvia Cortés, de 55 años, en Chiquinquirá, tras obligarla a portar durante seis horas un collar de dinamita por negarse a pagar un rescate de 7.500 dólares. Jairo López, el policía que trató de desactivar la bomba, también murió. Un mes antes, en plena negociación de paz, las FARC habían anunciado, que cobrarían un “impuesto a los ricos” y que secuestrarían a quien no lo pagara. Pastrana canceló la reunión sobre la droga con delegados de 18 países, incluido Estados Unidos, en la zona controlada por las FARC, para finales de mayo, pero siguió el “proceso de paz”. Tras los hechos de Chiquinquirá, Luis Garzón, el presidente comunista del sindicato CUT, rechazó el Plan Colombia diciendo que eso llevaría a una “intervención militar extranjera” en Colombia.
En el comité del Senado americano que discutía el Plan Colombia había gente que no quería saber que Colombia vivía semejante tragedia. La senadora demócrata Nancy Pelosi propuso que el dinero del Plan Colombia fuera utilizado más bien para luchar contra la drogadicción en Estados Unidos. Gene Taylor, Jim Ramstad y otros intentaron hundir la ayuda antinarcóticos. Las transacciones no avanzaban. El impasse terminó gracias a un acuerdo entre republicanos y demócratas. Los papeles centrales fueron jugados por Dan Burton, demócrata; Benjamin Gilman, republicano; Porter Gross, republicano; William Delahunt, demócrata, y Sam Farr, demócrata. Los archivos no muestran a Joe Biden como el gran defensor del Plan Colombia en esos momentos cruciales.
Los obstáculos continuaron. Los Comandantes de la Fuerza Aérea y de la Policía colombianas, generales Fabio Velasco y Rosso José Serrano, se quejaron, en mayo de 2000, por la decisión de ese comité de cambiar los helicópteros Black Hawks por helicópteros Hueys fuera de servicio que tenían menos capacidad de carga y transporte de tropas, autonomía nocturna y menor techo de vuelo. De los 30 Black Hawks y los 33 Hueys anunciados, la comisión autorizó 60 Hueys “repotenciados”. El subsecretario de Estado Thomas Pickering tuvo que admitir después que tal cambio “perjudica los esfuerzos por reducir la producción de drogas y ocasiona un mayor costo material y humano”. Gracias a gestiones del senador Chris Dodd, no a Biden, algunos Black Hawks regresaron al plan.
La economía colombiana estaba al borde del colapso por la acción de la narco-guerrilla. Solo en los tres primeros meses de 2000 la escalada dinamitera de las FARC y el ELN había derribado 110 torres de alta tensión y causado pérdidas al sector eléctrico por valor de 6.1 millones de dólares. El 22 de marzo, esas guerrillas provocaron un apagón en Bogotá y en los departamentos del centro y noroeste de Colombia, que dejó pérdidas por valor de 10.2 millones de dólares a la economía nacional. Ese día, una agencia de noticias resumió: “Desde 1999, las FARC y el ELN han dinamitado unas 360 torres de conducción eléctrica en diversas localidades de Colombia”.
Sin embargo, el gobierno había cedido a las FARC, en ese mismo periodo, el control de un inmenso territorio desmilitarizado, de 42 000 km², para adelantar allí las inútiles “negociaciones de paz” del Caguán. Y trataba igualmente de llevar a una “mesa de conversaciones” al ELN. Pastrana quiso darle al ELN una zona desmilitarizada de 4 727 km², entre Antioquia y Bolívar, pero la oposición a ese plan, expresada tanto por las fuerza militares como por los alcaldes de los tres municipios afectados, obligaron a Pastrana a echar marcha atrás.
La libertad de la prensa estaba agonizando. Tirofijo había acusado a los periodistas y a los dueños de los medios de estar “al servicio de los grandes monopolios”. La periodista María Helena Salinas había sido asesinada y el periodista Guillermo “La Chiva” Cortés, de 73 años, había sido secuestrado el 22 de enero de 2000 por las FARC. Siete periodistas habían sido asesinados en 1999, 300 habían recibido amenazas de muerte y 200 jueces también habían sido amenazados. En marzo de 2000, Francisco Santos, uno de los directores del matutino El Tiempo, y el periodista Fernando González “Pacheco”, habían tenido que huir del país por las amenazas de las FARC. Tirofijo estaba furioso contra “Pacho” Santos por las manifestaciones que él organizaba contra la ola de secuestros de civiles de las guerrillas y de los paramilitares.
En el exterior, Piedad Córdoba hacia un eficaz lobby contra el Plan Colombia. La propaganda de las FARC/ELN, que definía el Plan Colombia como “una declaración de guerra”, hacia estragos. Los congresistas demócratas y algunos republicanos veían a la fuerza pública colombiana como un problema y le imputaban a ella la degradación de los derechos humanos que cometían sobre todo las guerrillas. Y veían erróneamente a los paramilitares de la AUC como apéndice de la fuerza pública.
La Ong izquierdista Human Rights Watch y el sueco Anders Kompas, de la ONU en Bogotá, acusaban no solo a los paramilitares sino también al gobierno y a la fuerza pública de ser los causantes de la “degradación de los derechos humanos”. La respuesta a esas presiones fue aprobar una ley confusa sobre el crimen de genocidio, que el gobierno objetó tímidamente pues “violaba normas constitucionales que facultaban a los cuerpos de seguridad para combatir a los grupos alzados en armas”. El resultado final no fue brillante. El Fiscal General, Alfonso Gómez Méndez, dijo que esa ley podría “tolerar (el genocidio) cuando se trata de grupos no legalmente permitidos”.
La ayuda americana al Plan Colombia fue finalmente firmada por Clinton el 13 de julio de 2000. La Unión Europea rechazó el Plan Colombia, el 24 de octubre de 2000. Ese enfoque de lucha exclusiva contra el narcotráfico y de ceder ante el comunismo armado significó para Colombia una enorme pérdida de vidas humanas, de riqueza y de tiempo. El senador Biden jamás trató de corregir ese grave error. Sólo hasta noviembre de 2001, el presidente Pastrana le pidió al nuevo jefe de Estado americano, George Jr Bush –republicano y en el cargo desde el 20 de enero de 2001–, permitir que la ayuda estadounidense del Plan Colombia pudiera ser utilizada para entrenar los batallones anti guerrillas. Washington respondió afirmativamente. El 20 de febrero de 2002, ante la ausencia de acuerdos serios y el aumento de las matanzas y secuestros de las Farc, Pastrana le puso fin al experimento del Caguán.
Durante el gobierno de Pastrana, las FARC realizaron 907 ataques armados. Las perdidas industriales de Colombia fueron de 48,6% entre 1988 y 2002, según la ministra de Defensa del presidente Álvaro Uribe, Marta Lucía Ramírez, en octubre de 2002 (2).
Por fortuna, el enfoque del Plan Colombia tomó la dirección correcta tanto en Colombia como en Estados Unidos con la llegada al poder, respectivamente, de Uribe y de Bush.
La política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe impidió la caída de Colombia en la esfera socialista y desmanteló en gran parte la narco-guerrilla, así como a los narco-paramilitares. Desafortunadamente, la línea clintoniana de ceder ante las guerrillas fue resucitada por el presidente Barack Obama (enero 2009-enero 2017). El nefasto acuerdo de La Habana entre JM Santos y las Farc, que fue rechazado por los colombianos en el referendo nacional de 2016, condujo a un fuerte aumento de la producción y tráfico de cocaína, a un refuerzo de las FARC y del ELN y empujó una vez más a Colombia hacia el borde del abismo castro-chavista. Nada indica que la política de Joe Biden, en caso de resultar ser elegido presidente, sea la de ayudar a Colombia contra la subversión armada ni la de luchar exitosamente contra los regímenes totalitarios que atentan contra la paz y la prosperidad en el mundo. Con el factor agravante mayor: el partido demócrata americano, y la prensa y otros medios de información americanos, son hoy mil veces más radicales y marxistas que los de la época de Bill Clinton.
(1).- Ver el artículo de Andrés Pastrana en El Tiempo del 8 de noviembre de 2020: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/andres-pastrana-arango/el-presidente-biden-un-gran-aliado-de-colombia-columna-de-andres-pastrana-547862/
(2).- Ver Eduardo Mackenzie, Las Farc fracaso de un terrorismo, Random House Mondadori, Bogotá, 2007, página 469.
