Por primera vez, altas autoridades de Colombia admitieron en público que lo ocurrido en el país, sobre todo en Bogotá, el 8 y 9 de este mes, fue algo más que una simple “protesta social”.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, estimó, en efecto, que en esas “protestas” hubo “infiltración del Eln, infiltración de las disidencias de las Farc e infiltración de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas que no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana”. El MinDefensa agregó: “Esto tiene un origen internacional y está dirigido contra las policías de distintos países del mundo”.
Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, coincidió con Holmes Trujillo. Llamó la atención sobre la “organización y sistematicidad” de los ataques contra los 68 CAI (comandos de acción inmediata de la Policía), los cuales quedaron prácticamente inservibles. Acero advirtió que “en Bogotá hay presencia del Eln hace muchos años” y que esa banda “pretende capitalizar las protestas legítimas de la ciudadanía”. Prometió que “se están investigando ese tipo de hechos”.
El viceministro del Interior, Daniel Palacios, también prometió cosas: que los famosos “colectivos urbanos” (no encontró fórmula más vaga para describir a los depredadores) “deberán ser judicializados en las próximas horas”. Ya veremos si los jueces están a la altura de lo que ocurre en el país y si tal promesa desemboca en hechos. En todo caso, la respuesta del Estado solo puede concluir en el desmantelamiento rápido de esas nuevas guerrillas urbanas.
El general Gustavo Moreno Maldonado, director (e.) de la Policía Nacional, asimismo utilizó un lenguaje impreciso. Aceptó que hubo “colectivos populares” que “actuaron de forma coordinada en Bogotá y otras ciudades” y que cuatro de ellos tendrían “la misma estructura y funcionamiento de los colectivos chavistas” que atacan a los enemigos de la dictadura de Maduro. Lo interesante fue que el jefe de la Policía confirmó que esos agresores habían usado armas de fuego durante las protestas.
Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, subrayó que “grupos como el Eln y disidencias de las Farc” atacaron a Bogotá en desarrollo de un “claro y premeditado plan” que busca “acabar con la democracia”. El más lacónico fue, lamentablemente, el presidente Iván Duque quien declaró que hay “acciones sistemáticas para afectar instalaciones de la Policía”.
La pregunta es: ¿desde cuándo esos dirigentes gubernamentales saben que esas milicias urbanas del Eln y de las Farc-disidencias actúan en las capitales y que están financiadas y adiestradas para atacar y destruir puntos neurálgicos de Bogotá y de otras capitales haciéndose pasar por manifestantes descontrolados?
Esos dirigentes sabían desde mucho antes lo que estaba pasando.
El 7 de febrero de 2020, Noticias Caracol presentó un informe-video muy completo sobre los avances que seis altos cabecillas de las Farc-disidencias habían hecho en los últimos dos años en la estructuración de milicias armadas en Bogotá y otras ciudades para que sembraran la muerte y el caos durante las manifestaciones sindicales y estudiantiles. Ese informe agregó que, desde febrero de 2019, tras haber dado de baja a alias “Rodrigo Cadete”, uno de los más tenebrosos jefes de las Farc, el gobierno conocía esos planes y hasta la identidad de seis jefes reclutadores, los cuales fueron capturados por la Policía el 6 de febrero de este año y llevados a la cárcel Modelo.
Horas después de los incidentes, Oscar Ramírez, periodista del grupo radial RCN, confirmó que, según fuentes de inteligencia, tanto el Eln como las Farc-disidencias han conformado 14 grupos armados que operan en cinco localidades de Bogotá. Detalló que tal operación está en marcha “desde 2015”. Según RCN, la destrucción de 56 CAI respondió a una “estrategia articulada” que solo esperaba “un detonante” para actuar. Un documento decomisado a esas milicias da los nombres de las células de encapuchados: las “Juventudes del Movimiento 19 de abril”, el “movimiento Jaime Bateman Cayón”, movimiento 8 y 9 de junio”, “AK Al Kombate”, “Grupo Estudiantil Anarquista”, “Frente Estudiantil Camilista”, entre otros.
Si las autoridades conocían esos pormenores ¿por qué no avanzaron en la neutralización de tal amenaza? ¿Por qué en los seis meses que siguieron a la captura de los archivos de “Cadete” permitieron que esas milicias se recuperaran hasta el punto de estar en condiciones de causar las destrucciones, incendios, homicidios y heridos de la semana pasada?
Y lo peor de todo: si sabían que las violentas protestas por la muerte del señor Javier Ordóñez fueron en gran parte el resultado del accionar oportunista de esas células armadas del Eln y de las Farc-disidencias, ¿por qué el presidente Duque, el ministro de Defensa y otros funcionarios, se mostraron tan medrosos ante la avalancha de improperios contra la Policía que los órganos subversivos lanzaron sin tardar para confundir a la opinión? ¿Por qué se sumaron a los que culpan a la Policía por lo ocurrido y por qué aceptan la tesis extremista de que la Policía Nacional debe ser reformada? ¿Por qué aceptan que Claudia López, la alcalde de Bogotá, quien no tuvo la decencia de reconocer el alto precio humano que pagó la Policía en la contención de los vándalos durante las jornadas sangrientas, se permita calificar de manera demagógica e irresponsable de “asesinato” la muerte de Javier Ordóñez antes de que las circunstancias exactas de esa tragedia hayan sido establecidas? ¿Por qué no piden que se investigue si las citadas células armadas tuvieron algo que ver, directa o indirectamente, con la muerte de ese ciudadano?
Algo que tampoco ven las autoridades es lo que pasa entre el Eln y las Farc y por qué sus acciones son cada vez más audaces y devastadoras.
Lo ocurrido el 8 y 9 de este mes demuestra que las Farc y el Eln están en competición. Como en otras ocasiones, esos aparatos criminales deben dirimir por la fuerza la cuestión central para ellos: quien acumula más méritos ante Cuba. La demostración de fuerza hecha por esos terroristas la semana pasada exhibe la puja que hay entre ellos. Saben que solo una de esas estructuras se quedará con el apoyo logístico y político principal de su gran patrón extranjero, y con la autoridad para pedir la fusión orgánica-política de ellas una vez la “revolución” logre romper los equilibrios estratégicos del gobierno de Iván Duque o del que lo suceda.
El gobierno debería recapacitar y responder a estos interrogantes en lugar de dejarse llevar, de nuevo, al terreno conceptual de sus temibles adversarios.
